El coronavirus pone el foco en nuevos riesgos de corrupción público-privada
Entrevista al abogado Diego Martínez | El especialista en derecho penal y compliance detalló cuáles son los nuevos frentes a los que se debe estar alerta en materia anticorrupción y enumeró las medidas que deben tomar el sector público y el privado en el contexto de la pandemia. Resaltó la importancia de garantizar la transparencia de las licitaciones que se realicen por procesos de emergencia y los lineamientos que están bajando los reguladores en este sentido.
"El riesgo de corrupción surge siempre en la interacción entre el sector público y el privado, principalmente, cuando hay un componente económico en esa transacción. La pandemia reconfigura esa interacción y aumenta algunos riesgos en particular, sobre todo, en lo que respecta a la contratación pública, que se hizo más discrecional y menos competitiva, y los riesgos en las relaciones de cooperación", advierte en diálogo con Prevenciondelavado.com Diego H. Martínez, abogado penalista con certificación internacional en compliance que trabaja ayudando a organizaciones a desarrollar programas de integridad y políticas anticorrupción.
Así, explica que, muchas veces, las empresas por la vocación de ayudar realizan donaciones e ingresan en zonas grises y se dan muchas formas informales de negociación en pos de atravesar situaciones de emergencia.
"Yo no diría que estamos en una situación trágica ni inmanejable, pero sí que los riesgos aumentaron debido a que la contratación se hace a veces por mecanismos de emergencia", informa el letrado. Aunque, aclara que estos procesos no son absolutamente discrecionales y que las empresas ya tenían que tener desde antes reglas para la interacción con el sector público, por lo que, si las normas son buenas, deberían resistir esta prueba.
También en el caso del otorgamiento de asistencias hay condiciones objetivas para calificar a esas ayudas, pero como la intervención de un funcionario puede determinar su otorgamiento, el riesgo puede existir. Y, una de las novedades de la emergencia sanitaria fue en el régimen de compras de productos para la atención de sectores más vulnerables.
"Toda adquisición de insumos críticos y alimentos se pueden realizar a través de mecanismos de emergencia, que son públicos, pueden ser controlados, pero que son menos competitivos porque se tramitan a través de mecanismos más sencillos", detalla Martínez. Y es que, con llamar a tres oferentes alcanza y, en el caso de una primera negociación simple fracasada, se puede adjudicar a un único proveedor.
No obstante, el abogado sostiene que existen herramientas para controlar y garantizar la transparencia aún en situaciones de emergencia. Explica que, desde el sector público, se puede hacer con rapidez el proceso, pero publicando todo en Internet velozmente también y, ni bien termina la actividad, realizar un control posterior y pedir ayuda al regulador pertinente en los casos en los que haya dudas. En tanto, desde el sector privado, una de las políticas que incentiva la Ley de Responsabilidad Empresaria (Ley 27401) es la implementación de normas que que regulen el trato con funcionarios. Es uno de los componente que conforman el Plan de Integridad, conjuntos de herramientas que implementan las empresas para prevenir casos de corrupción.
Asimismo, Martínez señala que la Oficina Anticorrupción sacó unas recomendaciones en este sentido, de hecho, y son un buen punto de arranque. "Esto es parte de una tendencia, casi todos los reguladores del mundo están bajando consejos específicos en el marco de la pandemia y es una buena práctica hacerlo", apunta.
Por último, señala que, en materia de anticorrupción, cada universo de riesgo es particular y requiere una solución a medida y que, si bien, hoy ha cambiado el foco puntual de ciertos riesgos de manera transitoria, en la Argentina, los mayores peligros suelen estar en las actividades en las que se aplica una gran parte del presupuesto público, como obra pública, aduana y aplicación de fondos reservados para actividad de inteligencia. "La pandemia subió algunos más al podio, pero no alteró ese ranking de focos de riesgo estructural", cierra el abogado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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