Entrevista a Diego Martínez, consultor en compliance | El abogado penalista describió los puntos en los que se debe trabajar para impulsar una mayor adopción de lo
exigido en la Ley de Responsabilidad Empresaria por parte del sector privado y delineó un status quo actual para identificar los retos que hay por delante.
Si bien la implementación de las estrategias de compliance y los esfuerzos que se hagan para estar alineados con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (Ley 27401) son responsabilidad de las empresas, el sector público puede hacer una serie de esfuerzos para que los incentivos corporativos en
este sentido no decaigan.
Al respecto, el abogado penalista y consultor especializado en compliance y control interno de la corrupción identifica cuatro frentes distintos en los que el Estado, desde sus distintas áreas, podría iniciar acciones para avanzar en ese sentido.

Capacitación para jueces y fiscales: "En los cursos y charlas veo pocos funcionarios judiciales capacitándose sobre la ley", advierte Martínez, quien agrega que esto requiere, además, algo de comunicación interna sobre la ley dentro de las instituciones judiciales.
"Este punto es quizás donde venimos más flojos, porque no se ve actividad en los ámbitos de formación y mucho menos hay iniciativas institucionales de ninguna jurisdicción hasta el momento", alerta el abogado, destacando que los jueces y fiscales que se capacitan lo hacen por iniciativa e interés personal.

Licitaciones públicas: El experto señala que, en este punto, aún hay que hacer un poco de escuela sobre en qué compras y contrataciones se exige la existencia de un Pan Integral a los proveedores y cómo aplicar la Ley.
Cuenta que le ha tocado ver casos en el Boletín Oficial en los que la empresa es rechazada porque declara no tener programas de integridad implementados, lo que es un buen signo en este sentido porque responde al cumplimiento de la normativa.

Rol de la Oficina Anticorrupción: "Es importante continuar con el trabajo iniciado por el organismo con la emisión - hace algún tiempo - de la guía técnica", observa el consultor.
Indica que la nueva gestión envió un mensaje de continuidad en cuanto a los lineamientos y los estímulos a las empresas, aunque no tienen tanta simpatía por la responsabilidad penal empresaria. Sin embargo, transmitieron la idea de que valoran los planes de integridad dentro de las organizaciones.

Adhesión de las provincias: Aquí es importante que más provincias adhieran a la Ley para expandir su alcance, siendo Mendoza la que ha dado el puntapié inicial adhiriendo a la Ley Nacional. Posteriormente, emitió sus propias reglas procesales y de solicitud de un plan integral en los pliegos de licitaciones. Si bien el especialista destaca que hay otras provincias con proyectos de adhesión que tienen estado parlamentario, revela que por ahora no pasaron de ahí. "Viene un poco lento, pero cuando empieza a haber movimiento en una jurisdicción los actores se empiezan a mover. Por ejemplo, en Mendoza hay dos magistraturas sobre cumplimiento", comenta.

Claves
Si bien considera que se debe trabajar en profundizar estos cuatro aspectos, el experto reconoce que no es todo responsabilidad del sector público. "Si el incentivo está creado, después el sector privado tiene que avanzar en ese sentido. Las empresas se tienen que auto-organizar y, si no pueden solas, las cámaras empresarias pueden ayudar", sugiere.
En este punto prevé que va a seguir habiendo avances tibios, aunque no se va a planchar totalmente y confía en que no hay vuelta atrás. Y prevé que la tendencia a avanzar va a seguir de a poco, en parte debido a la situación causada por el COVID-19.
No obstante, reconoce que en la región la mayoría de los países están en la misma situación, no avanzan rápidamente, pero se mantiene el cumplimiento y las exigencias sin grandes cambios. Y en las jurisdicciones en las que no se ha aprobado una normativa, no se impulsa con fuerza.
De cara al futuro, estima que una estrategia de compliance difundida desde el sector público demora alrededor de cinco años. "Esto podemos verlo en casos como el de Chile y España, que nos llevan casi cinco años de ventaja en la materia", concluye.

Redacción "Prevenciondelavado.com"